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Estado nacional y educación en México

La educación en México ha pasado por tres etapas fundamentales en su desenvolvimiento histórico. Los fines de la educación, la organización de las instituciones responsables de la misma, el acceso al conocimiento, se han dado en función del proyecto social dominante, con las contradicciones propias de las condiciones históricas concretas de cada período: La época prehispánica, en la que cada cultura formó a las nuevas generaciones en función de su propia organización social, de los conocimientos acumulados en la época y del futuro que querían construir. Los rasgos comunes correspondieron a los de la civilización mesoamericana y se diferenciaron por regiones, grupos y rasgos dominantes en cada una de las culturas existentes.

En la Colonia obedeció a los objetivos fundamentales de la dominación española, con características que variaron de acuerdo con las fuerzas sociales que actuaron en cada región y en las distintas etapas de la colonización.

Al triunfo de la guerra de Independencia se inició el largo camino de la construcción de un Estado nacional moderno y soberano. Al proceso dado en este sentido ha correspondido la lucha por construir un sistema educativo que fundamente y haga posible este objetivo. A lo largo de los siglos XIX y XX se han dado importantes batallas por lograr un proyecto de nación y de educación que correspondan a las necesidades y demandas del pueblo mexicano.

Juan Ortega (último tercio S. XIX). La visita de Cortés a Moctezuma, Oléo sobre tela 1885, MUNAL, Cd. de México

Consideremos algunos elementos del proceso de definición de las leyes constitucionales de educación en los dos últimos siglos y su relación con la formación del Estado nacional en México:

Las leyes, como expresión de una situación política y social, deben ser explicadas en el contexto histórico en que se da una determinada correlación de fuerzas. Éste también es el caso de la legislación sobre educación e instrucción.

La Constitución mexicana actual es consecuencia de la revolución democrático-burguesa iniciada en 1910, así como de los cambios que se han dado a partir de periodos significativos de desarrollo político y económico en el siglo XX.

A lo largo de este proceso se pueden identificar tres líneas fundamentales:

Esto ha significado en la práctica la construcción de un Estado con una base liberal, que se ha dado a través de largas etapas de lucha contra fuerzas conservadoras nacionales y extranjeras.

Frente al despotismo del Estado colonial monárquico se plantean, con la Constitución de Apatzingán, opciones republicanas para organizar una educación ligada estrechamente a las posibilidades de desarrollo económico, político y cultural.

" Al iniciarse la vida independiente había en el país alrededor de treinta mil analfabetos de un total de cuatro millones ochocientos mil adultos. Es decir, el porcentaje abarcaba 99.38% del total; apenas 0.6% estaban alfabetizados." (SEP, Estudios acerca de la educación fundamental en México,citado en Martínez, 1996, p. 37 )

La educación como responsabilidad de la sociedad en su conjunto y como base para lograr una sociedad soberana en la que cada ciudadano participe, son parte fundamental del ideario de José María Morelos y Pavón y otros luchadores por la Independencia.

La importancia de la educación y la instrucción para la sociedad se fue haciendo cada vez más evidente, y las fuerzas revolucionarias fueron asumiéndola como uno de sus objetivos. Bajo la influencia de la Revolución francesa y de la Ilustración, dichas fuerzas vieron claramente que la ignorancia del pueblo favorecía la explotación colonial de España. La libertad política y el avance económico de la sociedad solamente se podían volver realidad a través de un sistema educativo para todos (cfr. Historia documental…, 1974, pp. 32, 124 )

Estas concepciones nos situaron en la vanguardia internacional, pues existía plena conciencia de la necesidad de una educación para aprovechar cabalmente los recursos del país y para participar políticamente en la construcción y defensa del mismo (Ehrlich, La Independencia de México. Textos de su historia, 1987).

Habría que investigar también cómo trascienden las raíces de las culturas prehispánicas, en las que ya estaba organizada la educación en un sistema claramente definido en instituciones específicas que se ocupaban de ella.

En las diversas luchas populares de México es constante la demanda de educación. Esto se puede ver de manera destacada en la guerra de Independencia, la de Reforma, la Revolución mexicana de 1910, y es un rasgo que no se presenta en todas las naciones.

La historia del México independiente y de su educación se caracterizan por los esfuerzos por construir un Estado nacional moderno, soberano y republicano, en el que los gobernantes representen la voluntad mayoritaria de la población y trabajen por la satisfacción de sus necesidades fundamentales.

La existencia de fuerzas conservadoras, interesadas desde la consumación de la Independencia en mantener un Estado monárquico y dependiente de potencias extranjeras, ha trascendido de diversas maneras. Estas posiciones han quedado plasmadas en las leyes que se han generado y que han formado parte de la Constitución mexicana.

A la liberación de la dominación española, siguieron las batallas contra el poder de la Iglesia Católica, así como contra el de los Estados Unidos de Norteamérica y el de Francia, ligadas a las fuerzas conservadoras mexicanas que buscaban eternizar la dependencia y la explotación del país.

Sobre esta base se desarrolló la constitución liberal. Las de 1814 y 1824 expresan esta primera lucha por la construcción de un Estado nacional y las correspondientes orientaciones de la política educativa.

Entre 1823 y 1827 se dieron también múltiples planes de los gobiernos, que tenían como contenido una educación estatal, unificada y gratuita para la población. En 1827 se resaltó la importancia de la unificación de los planes de estudio y de los métodos de enseñanza, de la gimnasia y de la formación de las mujeres. La enseñanza de la agricultura y la producción animal se previó para el segundo nivel de la educación (cfr. Meneses, 1983, pp. 73-95).

Esto implicaba ya una concepción de educación integral, que también era muy avanzada para su tiempo, a pesar de que esos planes no se pudieron llevar a la práctica.

Los hechos históricos de los años 1830-1833 afectaron a México de la misma manera que a los países de Europa, y dieron pie a reformas sociales contra los privilegios del clero y de la Iglesia. En ese tiempo se cerró la Universidad Pontificia de México, se reconoció la responsabilidad del Estado en relación con la educación y se ordenó la fundación de instituciones de formación de maestros (cfr. Villaseñor, 1978, p. 52). Esto significa que desde ese tiempo se dieron en México medidas para la separación de la Iglesia y el Estado.

Ángel de la Independencia (detalle), Cd. de México

La multicitada confrontación entre liberales y conservadores centró la lucha en las siguientes cuestiones:

El movimiento de Reforma impulsado por el liberalismo sólo pudo avanzar después de duras batallas. Tras la derrota frente a Estados Unidos (1848), cuya consecuencia fue la pérdida de la mitad del territorio mexicano,(California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y, desde 1936, Texas ), y la lucha exitosa contra los franceses y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, fue posible establecer en la Constitución la separación de la Iglesia y el Estado, la Iglesia y la educación, previstas desde 1857.

"Los liberales consideraban peligroso el catolicismo por el uso que de él hacía el clero al convertirlo en arma política"(ibid, p. 236).

Dicha separación a nivel de la legislación fundamental significó también un hecho de vanguardia para la época. Esto se dio en Francia de manera fugaz durante la Comuna de París y cuando, en 1983, se intentó en ese país dejar de financiar las escuelas dirigidas por la Iglesia católica, surgieron tantas protestas que no fue posible lograrlo.

Los liberales luchaban por el poder político y material. El positivismo fundamentó la visión del mundo de un sector amplio de liberales, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX que lo consideraron importante para unificar, con ayuda de la ciencia, las diversas concepciones de los mexicanos.

El movimiento de Reforma encontró su expresión política y económica en la expropiación de las tierras de la Iglesia católica, principal latifundista de la época (1867).

En la educación se hace posible por fin el impulso estatal con propósito de alcance nacional. Durante el gobierno de Benito Juárez participan tanto los municipios como los estados y el gobierno federal en la constitución de la enseñanza oficial, a diferencia de las siguientes décadas en las que se desarrolla la tendencia opuesta, la centralización escolar (cfr. Martínez, 1996, p. 39 )

Hasta 1910, la burguesía liberal y los sectores medios que accedieron al poder se alejaron cada vez más de sus demandas democráticas. Esto llevó a que durante el período de gobierno conservador del presidente Porfirio Díaz, de 1872 a 1910, que se convirtió en una dictadura, se permitiera continuar con la actividad de la Iglesia católica en la educación y la instrucción.

Las concepciones positivistas que fundamentaron el triunfo de la Reforma: el objetivo de una formación científica contraria al fanatismo y al dogmatismo, como lo plantearan Gómez Farías y Mora en 1833, se convirtieron a finales del siglo XIX en la base de legitimación del régimen dictatorial.

Después de la Revolución de 1910, que derrocó al gobierno de Díaz, se enfatizaron en el artículo 3º de la nueva Constitución 1917 los siguientes principios:

  1. "Enseñanza laica en todos los establecimientos oficiales, así como en los de educación primaria superior.

  2. Prohibición a toda corporación religiosa y a ministros de cualquier culto para establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

  3. Las primarias particulares quedan sujetas a la vigilancia oficial.

  4. La enseñanza será gratuita en los establecimientos oficiales (Historia de la educación..., 1981, p. 246 )

Estos principios encuentran una gran resistencia del clero. Sin embargo, no fueron los problemas de educación e instrucción los que originaron los primeros conflictos, sino otros artículos de la Constitución que limitaron las posibilidades de acción de las iglesias. Éstos reforzaron, por ejemplo, la expropiación de los bienes materiales de la Iglesia, que tuvo lugar en el siglo XIX, la libertad de creencias, que afectaba al monopolio religioso que durante siglos ejerció la Iglesia católica, la imposibilidad de reconocimiento de personalidad jurídica de las iglesias, la prohibición de la actividad política del clero, etcétera.

Cada una de estas restricciones tuvo su correlato en acciones específicas desarrolladas por la Iglesia en la disputa por el poder, frente a un Estado nacional en formación.

"... las leyes constitucionales fueron resultado de las experiencias y luchas del Estado mexicano para afirmar su soberanía frente a cualquier otro poder. Por su parte, la Iglesia pugnaba por perpetuar el que había gozado durante los tres siglos de dominación española, con intolerancia a cualquier otra doctrina o disidencia." (Ibid, p.247)

La revolución democrático-burguesa iniciada en 1910 fue un importante movimiento popular, que se ganó a partir de las demandas y las luchas de los campesinos y de los trabajadores.

La participación decisiva de las masas populares en la Revolución se reflejó claramente en la Constitución de 1917. Esta contiene condiciones progresistas para el trabajo, la reforma agraria y las bases democráticas de la educación y de la instrucción. El contenido de estas leyes representa también una legislación social de vanguardia en el siglo XX, que antecedió incluso a la de la Unión Soviética (Silva Herzog, 1972, t. 2, pp. 303-341)

Desde el punto de vista de la historia de la pedagogía, es significativo, por otra parte, el hecho de que los movimientos revolucionarios en Europa, con sus demandas democráticas en relación con la educación y la instrucción en 1833, 1905 y 1917, se hayan dado prácticamente al mismo tiempo que los movimientos democráticos en México. Sería importante investigar con profundidad en qué medida y qué tipo de relación puede haber entre estos movimientos y los que se dan en México.

Las diferencias entre Estado e Iglesia en México se expresaron desde el inicio de la Revolución de 1910 y se agudizaron a finales de los años veinte y principios de los treinta de tal manera, que llevaron a una modificación radical en la Constitución.

Edificio SEP (detalle de la puerta Rep.), Cd. de México

A partir de la Constitución de 1917 se inició un nuevo proceso de institucionalización que pasó, en el campo de la educación, por la creación de la Secretaría de Educación Pública y por una revolución cultural que se expresó en el muralismo y la pintura en general, en la música y en las letras.

Esto se dio en el contexto de las demandas por educación de las grandes masas de población analfabeta, que ascendían a un 78.5% en el porfiriato (Historia de la educación, 1981 , p. 150)

Tras la lucha cristera de finales de los años veinte, y luego de un proceso de definición del poder del Estado, el artículo 3º establece, con la modificación de 1934, que la educación e instrucción en México serán de carácter socialista. Este artículo rechazaba las ideas dogmáticas del fanatismo religioso.

La educación socialista se concibió, así, como condición para la formación científica, técnica y política de las masas populares, que debía ser la base para la transición futura a una sociedad socialista en México. (UPN-SEAD t. 2, 1981, pp.171-210)

A pesar de que estaba claro que una transformación de esa índole no se puede lograr solamente a través de la educación y la instrucción, éstas debían contribuir a la preparación de las conciencias para futuros cambios sociales.

La relación entre escuela y producción, y el trabajo intensivo en el campo, iniciado en los años veinte, y la influencia tanto del pragmatismo de Dewey, como del socialismo científico, fueron aspectos significativos de este movimiento.

Los límites de una educación e instrucción socialistas en una sociedad capitalista se expresaron claramente en los debates para el cambio del artículo 3º de la Constitución (ibid, t. 3, texto de Manlio Fabio Altamirano).

No obstante, para un sector amplio de la población, tanto de izquierda como de derecha, se trataba en los hechos de una transformación muy radical (MRM, 1975, "Introducción").

El fanatismo se volvió muy fuerte y muchos maestros fueron víctimas de la influencia dogmática de la Iglesia católica.

Por otra parte, el papel del magisterio rebasó a la escuela, en la medida en que ayudaba también a resolver los problemas de la comunidad (UPN-SEAD, t. 2, 1981, pp.171-210).

Muchos maestros participaron en las luchas concretas por la realización de la reforma agraria y estaban comprometidos también con las fuerzas de izquierda (MRM, 1975).

En el contexto nacional de la segunda mitad de los años treintas, bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, se impulsó un desarrollo progresista que contó con el apoyo de amplias capas de la población. Esto se reflejó en una posición claramente antifascista, así como en la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles. Muchos españoles y alemanes antifascistas encontraron acogida en el exilio en México.

La organización de la clase trabajadora se puso, en estas condiciones, bajo el control del gobierno y fue impulsada la formación técnica como medida de política educativa.

En los años treinta se agudizaron las condiciones de la lucha entre liberales y conservadores. Las tendencias más progresistas de las concepciones burguesas de la sociedad cobraron una influencia cada vez mayor. Esto se explica en parte por la orientación económica y política del gobierno en esta década y por la activa participación de los campesinos y de los obreros en la realización de profundas medidas de carácter económico e ideológico. Este periodo fue especialmente complicado para las fuerzas de izquierda, ya que debían dominar la dialéctica derivada de la situación internacional y la lucha contra el fascismo, además de la defensa de sus demandas por el socialismo y el fortalecimiento de las fuerzas democrático-burguesas al interior de la sociedad mexicana.

Esta situación limitó la posibilidad de debate del movimiento obrero con las concepciones sociales de la burguesía reformista y favoreció la influencia ideológica burguesa en los campesinos, los obreros y los trabajadores, así como el control de sus organizaciones por los gobiernos burgueses.

El reformismo y el oportunismo se extendieron y tuvieron efectos durante un largo periodo sobre amplios sectores de las fuerzas progresistas.

Con el triunfo sobre el fascismo se estableció una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional y fue precisamente entre el socialismo fortalecido y el capitalismo monopolista.

En los años cuarenta se consolidó el desarrollo capitalista de México. Creció el número de los obreros y se desplegaron los rasgos del México actual.

En relación con la educación, se ha impuesto desde esa década la política de la " unidad y la conciliación de las clases ".

La vieja controversia entre el Estado nacional y la Iglesia católica cede su espacio a la influencia de la guerra fría, tanto a nivel nacional como internacional.

El desenvolvimiento económico y político de México en estas condiciones condujo a que se transformara nuevamente la orientación de la política educativa en el artículo 3º de la Constitución.

La orientación "socialista" de la política educativa fue borrada de la Constitución mexicana. Se hizo evidente que las fuerzas liberales nunca buscaron realmente una política educativa socialista, sino que ésta fue útil para impulsar la estructuración del Estado nacional burgués.

Las leyes constitucionales en el campo de la educación y la instrucción se pusieron en concordancia con las relaciones capitalistas de México.

De acuerdo con esto el contenido del artículo 3º de la Constitución, vigente desde 1946, tiene el siguiente sentido:

La educación está orientada hacia el desarrollo armónico de todas las capacidades humanas y debe formar a la juventud en el amor a la patria, la solidaridad internacional, la independencia y la justicia.

Se confirma el artículo 24 acerca de la libertad de creencias y se consolida la laicidad y la cientificidad de la educación y de la instrucción.

Se da espacio a los diversos grupos sociales para que abran escuelas bajo la supervisión estatal. A los representantes religiosos no se les da esta posibilidad. Las escuelas privadas deben llevar a cabo los planes de estudio obligatorios. La educación primaria es obligatoria. En el centro de la Constitución quedan demandas progresistas y democráticas acerca de la dignidad humana, la fraternidad, la igualdad y el rechazo de la discriminación racial, de grupos o de sexos. La educación debe contribuir a la democracia, a la independencia nacional y al desarrollo económico y cultural del país. El carácter estatal, la gratuidad y la unificación del sistema educativo, así como la vinculación de la educación con las necesidades de la sociedad se consolidan como importantes principios democráticos.

A finales de los años cincuenta se expresan nuevamente las luchas de los trabajadores y la vieja contradicción entre Estado e Iglesia, es decir entre liberales y conservadores, deja su lugar a una nueva correlación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado. El Estado burgués parece consolidado, el desarrollo industrial ha aumentado y la vinculación con el desarrollo internacional del capitalismo se incrementa rápidamente.

La población en México se ha modificado cualitativamente. Los obreros del campo y de la ciudad se convierten desde principios de los años setenta también cuantitativamente en un sector determinante de las clases trabajadoras. Esto se refleja en una disminución significativa de la población campesina respecto al conjunto de la población (cfr. De la Peña, 1980).

El modelo económico del desarrollo estabilizador y la sustitución de importaciones llegan a sus límites a finales de los sesenta.

La educación superior y el modelo antidemocrático de gobierno que siguió los lineamientos macartistas de los cuarenta a los sesenta, fueron cuestionados a través de los movimientos de maestros, ferrocarrileros, médicos, campesinos y estudiantes. Las represiones ejercidas en su contra no pudieron frenar el impulso democratizador de la nueva sociedad mexicana. Ante los limitaciones a la participación política surgen incluso movimientos guerrilleros que fueron perseguidos desde los sesenta hasta la primera mitad de los años setenta.

La década de los setenta se caracteriza en México por un renacimiento de movimientos democratizadores de los obreros y la organización de los trabajadores universitarios, tanto académicos como administrativos y de servicios. También se dan conquistas importantes en el terreno político, al establecerse nuevas formas de participación legal de organizaciones y partidos políticos al concluir ese decenio.

El contexto internacional de la posguerra tiene, por otra parte, características novedosas. Las luchas de liberación colonial y neocolonial se extienden por Asia, África y América Latina. La tercera parte de la humanidad intenta, por diversas vías la construcción de una sociedad socialista y poner fin a la injusticia y a la exclusión económica y social.

A esto se suman los efectos de la revolución científica y técnica, que marca desde los años cincuenta la conquista del espacio, los cambios en los medios de comunicación, en la biología y la agricultura, y en las múltiples aplicaciones de la electrónica. Los efectos de estos avances en los medios de producción de todo tipo confluyen con las crisis periódicas del desarrollo capitalista, especialmente en la primera mitad de los años setenta, iniciando una crisis estructural cuyas consecuencias estamos viviendo de manera especialmente aguda a principios del siglo XXI.

Plaza de Sto. Domingo, Antigua Escuela de Medicina y SEP, Cd. de México.

El Estado nacional en México se enfrenta así a nuevas condiciones en los procesos internos y a un contexto internacional en que se gestan cambios profundos determinados en gran medida por los avances de la ciencia y la técnica.

La legislación constitucional en materia de educación refleja nuevamente la correlación de fuerzas en el país, con las modificaciones que se dan en 1979 en el artículo 3º .

Estas se refieren a la educación superior, cuya matrícula aumentó en 300% en la primera mitad de los setentas, como una de las consecuencias del movimiento estudiantil mexicano de 1968.

Las siguientes tendencias de la acción gubernamental se configuran desde la segunda mitad de los años setentas hasta la actualidad

1. La búsqueda de una racionalidad operativa y la coordinación de esfuerzos y recursos para crear un sistema nacional de educación superior.

2. La solución de los problemas políticos, económicos y distributivos del financiamiento a este nivel educativo.

3. La legislación en materia de relaciones laborales y de operación de la autonomía universitaria enfrentada a lo que desde el Estado se concebía como problemas de carácter sindical que "entorpecían" la buena marcha de las universidades.

4. La búsqueda de formas concretas de vinculación de la educación superior con las necesidades de desarrollo económico del país, de los diversos sectores y con las instancias político-gubernamentales.

5. La formación de la estructura del Sistema Permanente de Planeación de la Educación Superior, encargado de cumplir los propósitos anteriores (cfr. Villaseñor, 1988, pp. 8, 9 )

Desde la perspectiva política y gubernamental, se institucionalizó la autonomía y se dieron pasos en el sentido de que serían las universidades, sin ningún tipo de participación sindical, quienes tendrían en sus manos su orientación académica. Por otra parte se instauró una forma de presencia gubernamental a través de instancias nacionales de planeación, que abonarían en torno de una legislación laboral que tiene el objetivo de limitar la participación sindical, especialmente en las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico (idem, p. 170).

De esta manera se modifica el artículo 3º constitucional, expresando una contradicción similar a la que dio origen a la lucha por la autonomía de la UNAM, que triunfó en 1929. Se trataba entonces de mantener a la principal universidad del país independiente de las decisiones de los gobiernos en turno, que buscaban darle una orientación social a la institución en función de las necesidades nacionales, desde un punto de vista progresista, surgido de la Revolución. La autonomía fue defendida entonces por fuerzas conservadoras y por concepciones que veían como peligroso el subordinar la vida académica a los designios del poder gubernamental.

Cincuenta años después, se incluye la autonomía como derecho constitucional con la idea de que las organizaciones sindicales que lucharon durante una década por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores universitarios vieran limitada su influencia en la orientación de esas instituciones. No obstante, se abren las puertas también a la influencia directa del gobierno a través de mecanismos de planeación, en la determinación de la vida académica, tratando de limitar la participación de los trabajadores.

Esto señala un momento importante en la conformación de una nueva orientación del país en su conjunto, que se gesta en un contexto internacional que empieza a reorientarse en función de las determinaciones de los grandes poderes financieros de carácter supranacional.

Las décadas de los ochenta y los noventa hacen evidente la nueva correlación de fuerzas que se da a nivel nacional e internacional. La economía mexicana se reestructura abiertamente en función de una política neoliberal desde el gobierno que inicia en 1982. Las organizaciones sindicales más fuertes sufren la embestida gubernamental, la investigación científica pierde gran parte del apoyo financiero que ya era de por sí insuficiente, y las crisis recurrentes deterioran las condiciones económicas de la población. La llamada década perdida en América Latina se prolonga hasta la actualidad y el número oficial de pobres crece día con día.

En el contexto internacional, se transforma la correlación de fuerzas que caracterizaba el periodo de la guerra fría al concluir la Unión Soviética de manera unilateral su participación en la carrera armamentista.

Los cambios en los procesos de producción de todo tipo, los nuevos medios de comunicación, así como los efectos en las formas de vida y de consumo, muestran crecientemente los efectos de la revolución científica y técnica en todo el orbe.

La ciencia se convierte en fuerza productiva y los resultados de esto contrastan con los grandes rezagos sociales que se acrecientan en todos los países.

En estas condiciones y al mismo tiempo de la transformación social --que se da sin derramar una gota de sangre--, en la mayoría de los países que intentaban la construcción del socialismo, se modifica nuevamente en México el artículo 3º constitucional.

La iniciativa de ley se da de manera en extremo acelerada, en diciembre de 1991, justo a los pocos meses de la desintegración de la Unión Soviética.

Las modificaciones se aprueban en 1992 y la primera visita oficial del Papa a México como representante del Estado Vaticano se realiza en los primeros meses de 1993, una vez reanudadas las relaciones diplomáticas oficiales con ese Estado.

Los cambios a la Constitución legalizan la participación de las corporaciones religiosas en la creación y el funcionamiento de las escuelas particulares, también se reconoce personalidad jurídica a las iglesias y se da derecho de voto, aunque no de ser electos, al clero.

Otro cambio de trascendencia en el artículo 3º es el carácter obligatorio de la educación secundaria, tres años adicionales al sexto de primaria, que amplía la educación básica gratuita. Esto contrasta con lo expuesto en el programa de gobierno para la educación, en el que se planteaba el objetivo de que los egresados de sexto año de primaria se incorporaran a la producción.

Las tendencias internacionales de ampliación de la educación básica a nueve o diez grados y las necesidades objetivas de contar con una fuerza de trabajo más calificada frente al desarrollo de los medios de producción, obligaron a esta medida, cuya realización dista todavía de ser aplicada cabalmente al inicio del siglo XXI.

El cambio a la Constitución se impulsa por un presidente cuya elección fue duramente cuestionada por una oposición creciente a un sistema político que daba grandes poderes al Ejecutivo y funcionaba con un Legislativo sumiso y mayoritario que imponía las reformas sin gran discusión.

Paralelamente a este proceso, el Senado estadounidense aprobó en 1991 el fast track al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y el poder financiero internacional avanzaba ideológicamente en la concepción de que los estados nacionales perdían su razón de ser y la soberanía entraba en desuso.

Las esperanzas de muchos ciudadanos en México se centraban en que los cambios económicos y políticos darían la entrada rápida al primer mundo y pronto compartiríamos la riqueza de las naciones poderosas.

En 1994, cuando se esperaba ese gran suceso, se hizo evidente --con el levantamiento indígena en el estado de Chiapas-la vanidad de esas ilusiones y la realidad de un país en que se había acrecentado la pobreza de grandes sectores de la población y se polarizaban las diferencias entre ricos y pobres a pasos agigantados.

En el año 2000 se da un cambio histórico en México: el partido que había estado por más de setenta años en el poder es relevado por un partido de oposición, del que se espera, a pesar de su orientación conservadora, que cambie la orientación económica de un proyecto con el que siempre estuvo de acuerdo.

El poder real de la Iglesia católica y las diversas fuerzas conservadoras del país se ha manifestado abiertamente en este periodo.

La evidencia del fracaso de la política neoliberal impuesta en el orbe se hace patente cada día con mayor claridad. Abundan ya los estudios teóricos y empíricos sobre la importancia que han tenido los estados nacionales en construir el poder que hoy detentan los principales bloques económicos de Europa, Asia y Estados Unidos de Norteamérica.

No es posible hablar de un proyecto educativo que desdeñe un proyecto nacional, que debe a su vez ser asumido por un Estado que represente los intereses del conjunto de la población.

Al iniciar el siglo XXI, nos encontramos en una etapa difícil, en la que se ha puesto nuevamente en cuestión la posibilidad y legitimidad de los estados nacionales, frente a una nueva forma de globalización que privilegia el poder del capital financiero internacional.

La consolidación del Estado nacional mexicano en las dos últimas décadas se ha enfrentado a los embates de concepciones dominantes que suponen necesaria la desaparición de algunos estados nacionales (Saxe Fernández, 1999 )

El Estado nacional y la educación en México se vuelven a debatir en el marco de la correlación entre las fuerzas que representan:

a) las demandas de una población que sigue valorando la importancia de la educación,

b) el poder supranacional que estimula, sin proponérselo, la unión de cada vez más sectores de la población mundial que se ven excluidos del desarrollo y el beneficio social,

c) la influencia de una Iglesia católica que se ve confrontada con otras iglesias y que se hace partícipe cada vez con más decisión de las demandas de una población mayoritariamente pobre a nivel mundial.

Los problemas nacionales se vuelven cada vez más comunes a los de otros pueblos. Está por definirse en el devenir social el papel que aún le toca jugar a los estados nacionales que orientan hasta ahora su fuerza con el fin aparente de su auto extinción.

El reto de construir en este contexto un mejor país, un mejor planeta y una mejor humanidad está frente a todos. La educación será sin duda parte de un proyecto por una vida mejor.

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