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La escuela que surge de la Revolución

Raúl Mejía Zúñiga, en su ensayo del mismo título, afirma que: "La educación de un pueblo cualquiera sólo puede valorarse mediante el estudio de los antecedentes que la conforman, y dentro del marco social en el que opera y desde el cual se proyecta hacia el futuro", (Solana et al. Historia de la Educación Pública en México, FCE, México, 1980, p. 183). Y continúa: "Los periodos aislados, aun los más significativos, sin la concatenación que los enlaza ni las relaciones de causa y efecto que los producen, son de poca utilidad para el estudioso, pues con frecuencia sólo sirven para justificar o exaltar los valores del presente que desembocan, por su propia naturaleza, en el campo de las especulaciones políticas que los marginan de la ciencia histórica".

Escultura de Benito Juárez, Palacio Nacional, Cd. de México

Los cambios más relevantes que registra la educación corresponden, generalmente, con las transformaciones sociales que emanan de las revoluciones que además ocurren en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como de las transformaciones en las estructuras económicas y políticas, esto es, en los ilimitados campos de la cultura. Ahora bien, cuando esta revolución en la educación se vincula con los cambios en otras instituciones sociales en que se apoya, tenemos resultados que se tornan imperecederos, explica Mejía Zúñiga (idem, p. 183).

Como antecedente importante tenemos a la escuela lancasteriana, que nació en el seno mismo del imperio iturbidista con una concepción diferente de educación. Tampoco podemos descartar o dejar de lado la dinámica administración de Valentín Gómez Farías, o del doctor Mora, quienes plasmaron en normas del derecho positivo la filosofía educativa de la naciente nación, en la época posindependentista, y que se manifestó a partir de la revolución de Ayutla, que se expresó jurídicamente en la Constitución Política de 1857.

Los eventos que siguen en la historia del siglo XIX, como son: la Reforma, la Constitución y la República restaurada, llegan a su consolidación con el evento de la caída del segundo imperio y el triunfo de los liberales de una generación formada en las aulas y madurada en las luchas internas y externas de ese México que se va configurando como Estado nacional moderno (idem, p. 184).

Sin embargo, agrega Mejía Zúñiga, aunque la educación queda jurídicamente bajo la potestad del Estado, dentro del marco del positivismo, México, como sabemos y ya lo hemos señalado, desemboca en una larga dictadura que "habrá de retardar los avances necesarios en la educación y sobre todo, que alcance a las mayorías analfabetas dentro del proyecto latifundista del porfirismo". México para ese entonces, a pesar de su orientación liberal, no cuenta con una economía sólida y un comercio fuerte, además de que su producción agrícola es sumamente rudimentaria. En el intento de integrarse al desarrollo capitalista y fundar una riqueza originaria, el porfiriato lleva al país a un acelerado proceso de acumulación y concentración de capitales, y de ese modo propicia mecanismos de explotación despiadada de la fuerza de trabajo, tanto de manera intensiva como extensiva, con lo que el latifundismo o régimen hacendario obstruye las rutas del progreso y deforma el desarrollo del país en el último tercio del siglo XIX.

Los censos de 1910 confirman lo anterior, pues revelan que de quince millones ciento sesenta mil habitantes, que no podemos decir ciudadanos, sólo sabían leer y escribir tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil, esto es, el índice de analfabetismo era del 78%, al descuidarse las ingentes necesidades populares. Existían en ese momento seis millones de indígenas, de los cuales dos tercios mostraban incapacidad para aprender, y dos millones no hablaban castellano y, por lo tanto, no podían recibir la enseñanza en esa lengua (SEP y Bellas Artes. Informe, t. XVII, abril y mayo de 1911).

Por su parte, el positivismo como filosofía de la educación de sectores privilegiados de la sociedad, tiende básicamente a la formación de una clase dirigente capaz de consolidar el poder político, al pretender evitar el viejo modelo escolástico impulsado por el gobierno colonial y por la Iglesia; pero, por otro lado, se descuida la preparación de las nuevas generaciones, de todos los sectores populares, con lo que el país queda inerme frente al avance del imperialismo.

Así pues, mientras los congresos pedagógicos de 1882, 1889 y 1890-1891 organizan técnicamente la escuela primaria como agencia educativa del Estado y las 28 escuelas normales egresan un número considerable de maestros, además de que existe abundante literatura pedagógica, libros, folletos, periódicos especializados, etc., y son expedidas leyes en 1888, 1896 y 1908 dando forma jurídica a la política educativa de la dictadura, la escuela, de hecho, continúa como una institución aristocrática e individualista que funciona esencialmente en los centros urbanos y margina a las comunidades campesinas e indígenas, para quienes la educación se convierte en un bien inalcanzable.

También es cierto que hacia 1890 la teoría pedagógica había ya desplazado los métodos lancasterianos establecidos en 1822, y que las escuelas normales iniciaron el proceso de profesionalización de la enseñanza al sustituir al "gremio de las nobles artes de enseñar a leer, escribir y contar", y que las normas del derecho positivo que regían la educación rebasaban políticamente a las ordenanzas coloniales en la materia. Cierto también que la Ley de Educación, formulada por Joaquín Baranda en 1888, y reglamentada en 1892, estableció el carácter gratuito, obligatorio y laico de la educación primaria elemental y superior, y que la ley de 1908 postuló la educación nacional e integral como aspiración suprema. Y a pesar de todo y de la palabrería liberal con que se adornaba la dictadura, la ciencia y la técnica, así como la pujanza de nuestros poetas, sólo sirven para reflejar al exterior un falso brillo o engalanar las reuniones palaciegas de la aristocracia. México en la época porfiriana estaba infestado de pobreza (idem, p. 188).

Conviene destacar que si bien el nexo normativo de una sociedad constituida en Estado nacional es la ley, el nexo formativo es la educación, en la medida en que favorece la reproducción de la cultura y de los valores que el nuevo Estado pretende establecer como parte de su esencia y de su propia historia. Por ello será la educación como proyecto emanado de la revolución la que responderá a los fines de mantener incólumes los legados de soberanía, independencia y libertad alcanzados y a los que todo pueblo aspira. Será en este contexto donde la educación pública y su sistema coadyuven a la solución de los grandes problemas nacionales.

De este modo, cuando Madero lanza vigorosamente el Plan de San Luis, que anuncia la Revolución de 1910 y el Partido Liberal Mexicano, cimbra por otro lado los cimientos en que descansaban las estructuras sociales de la dictadura, con el apoyo de las masas populares, en el país se avizora otro panorama para las mayorías depauperadas. Es por ello que las limitadas reformas que Limantour propone para el campo resultan demasiado tardías, al chocar frontalmente con un movimiento revolucionario que ya no habría de detenerse. De la misma manera, los convenios de Ciudad Juárez, con los cuales la dictadura y algunos líderes revolucionarios pretenden pactar la perpetuación de la primera y la supresión de la segunda, se vuelven inoperantes frente a los campesinos en pie de lucha y con el fusil al hombro. Esas imágenes se multiplican rápidamente en el paisaje social de México.

Así, tanto el Plan de San Luis como el programa del Partido Liberal Mexicano han apuntado ya, aunque desde ángulos distintos y conducidos también por clases sociales divergentes, que los problemas fundamentales son: el de la tierra y el de la educación. El primero para hacer justicia a las clases sociales que trabajan y el segundo para integrar culturalmente a México.

Sin embargo, ni la dictadura en su etapa final ni la Revolución en la inicial pueden resolver de inmediato el problema agrario debido, en gran parte, a las fuerzas del exterior que manipulan a la burguesía nacional para impedirlo. El gobierno de transición de Francisco León de la Barra pretende abordar aisladamente, por el camino de la educación, la solución de los problemas nacionales. Toca, pues, al gobierno surgido de los convenios de Ciudad Juárez abrir un paréntesis que, en la historia de la educación en México, no se cierra todavía; es decir, el de la educación para todos, a pesar de los intentos de Solana en los ochenta.

De esta manera, con el decreto que se propone crear las escuelas rudimentarias para enseñar a leer y escribir, y las operaciones de cálculo más usuales, principalmente a los indígenas, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes queda autorizada para establecer escuelas en cualquier parte de la República, donde el analfabetismo sea mayor. Y aunque dicho Decreto adopta un tono paternalista ante los pueblos indígenas, y les da comida y vestido a los más necesitados, con un presupuesto de 300 mil pesos anuales, las condiciones reales imposibilitan su realización.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que de alguna manera el problema de la educación ha quedado planteado y, poco más tarde, a través de una encuesta pública que impulsa A. J. Pani, se orienta a la conciencia nacional y a los hombres del pueblo, convertidos en gobernadores y jefes militares, a abordar la solución de los problemas no solamente de la educación, sino también los agrarios, obreros y de justicia social que postula la Revolución mexicana (idem, pp. 188 y 189).

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